Cataluña cierra el vacío legal del alquiler de temporada y por habitaciones y amplía el tope de precios.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado una reforma de la ley de vivienda que pone fin al uso del alquiler de temporada y por habitaciones para esquivar el tope de precios. A partir de ahora, todos los alquileres no turísticos, independientemente de su duración, quedan sujetos a la regulación de precios en las zonas tensionadas, con el objetivo de frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda.

La norma establece que los grandes tenedores y las viviendas alquiladas por primera vez deberán ajustarse estrictamente al índice estatal de referencia, mientras que los pequeños propietarios deberán mantener el precio del contrato anterior, actualizado con el IPC. El alquiler de temporada sigue permitido por motivos laborales, académicos o médicos, pero será obligatorio justificar su finalidad y registrar el contrato en el Incasòl.

En cuanto al alquiler por habitaciones, la suma de todas las rentas no podrá superar el precio máximo autorizado para la vivienda en su conjunto, una medida destinada a frenar abusos y el negocio del coliving. La ley también refuerza las inspecciones y el régimen sancionador, con multas de hasta 900.000 euros.

El Gobierno y las entidades sociales celebran la reforma como un avance en la defensa de la vivienda como un derecho, mientras que el sector inmobiliario y parte de la oposición alertan sobre posibles efectos negativos en la oferta y la seguridad jurídica.